Con la popularización del reciente caso del espionaje de EEUU, desvelado por el analista americano Edwar Snowden, he recordado el caso ECHELON que descubrí hace unos 10 años. Es cierto EEUU nos estaba espiando, no es conspiranoía, el parlamento europeo llegó a esa conclusión, si bien aunque hace 10 años no tenía los suficientes recursos económicos y técnicos es obvio que hoy día sí.
“Superlópez”, como se le conocía en España por sus eficaces
métodos de gestión, inició su meteórica carrera en General Motors, donde
revolucionó las relaciones con los proveedores, logrando un importante
ahorro a la compañía. Debido a su éxito, los patronos de GM en Estados
Unidos llamaron al ingeniero español para que se incorporase a los
cuarteles generales de la corporación industrial, situados en Detroit
(Michigan). El 1 de mayo de 1992, López de Arriortúa era nombrado
vicepresidente y director de compras de GM. La empresa empezó a aplicar
de inmediato sus planes. Arriortúa prometía un ahorro de decenas de
millones de dólares y sus planes se cumplían a la perfección, de modo
que General Motors empezó a ver casi de inmediato el resultado del nuevo
sistema aplicado por el ejecutivo y su equipo de colaboradores. [1]
Nacido en Amorebieta, Vizcaya, José Ignacio López de Arriortúa
albergaba un sueño desde que se incorporó a GM: instalar una fábrica de
automóviles en su pueblo natal. El proyecto se llamaba “Planta X” y allá
donde fuera López se lo presentaba a sus superiores. Tras la aplicación
de su exitoso plan de compras en la General Motors de Detroit, basado en
un sistema que él denominaba “Picos”, el revolucionario vicepresidente
creyó que se daba la coyuntura necesaria para poner su sueño sobre la
mesa del presidente, Jack Smith. Tras estudiarlo a fondo, Smith sólo
pudo prometer a López que se construiría la “Planta X” entre 1998 y
1999, pero no lo puso por escrito, como al parecer pedía el ingeniero
español. [2]
En esas fechas, la compañía alemana Volkswagen no pasaba por sus
mejores momentos. También afincada en España tras adquirir Seat, VW
tenía ciertas dificultades que posiblemente se solventarían aplicando el
programa “Picos” diseñado por Arriortúa. Se desconoce si fue el
ingeniero vasco quien contactó primero con Volkswagen o si fue su
presidente, Ferdinand Piëch, nieto del fundador de Porsche, quien le
llamó, pero lo cierto es que el 8 de marzo de 1993, con ocasión de una
reunión en la fábrica de Opel en Rüsselsheim (Alemania), López de
Arriortúa telefoneó al presidente de GM en Detroit para comunicarle que
abandonaba la empresa. Al parecer, Piëch se había comprometido con él a
construir la “Planta X” de Amorebieta.
El ingeniero español regresó a Estados Unidos, donde Jack Smith,
acompañado por un grupo de ejecutivos de GM, le visitaron en su casa
para disculparse y hacerle una nueva oferta. Querían a toda costa que se
quedara en Detroit. Según publicó años más tarde el diario
norteamericano USA-Today, Smith le dijo que había cometido un error con
respecto a la factoría de Amorebieta y que estaba dispuesto a estudiar
nuevamente el proyecto. López acordó permanecer momentáneamente en GM y
habló por teléfono con el presidente de Volkswagen. Ferdinand Piëch le
dijo que siguiera con el fabricante estadounidense durante un año más y
luego se fuera a Alemania para ingresar en VW. Pero el 12 de marzo, un
abogado de GM pidió a López que firmara un contrato por cinco años, lo
que sorprendió al ejecutivo, que en ese momento ya sólo pensaba en
quedarse un año más allí para luego regresar a Alemania con Volkswagen.
“Superlópez” interpretó la oferta como un síntoma de que GM había
perdido su confianza en él. [3]
El lunes 15 de marzo, López de Arriortúa regresó a su despacho
en General Motors. No había rechazado aún el nuevo contrato, pero
tampoco lo había firmado. El consejo de administración acababa de
aprobar por unanimidad su ascenso a vicepresidente ejecutivo y
responsable de operaciones en América del Norte. La compañía incluso
convocó una rueda de prensa para anunciar la noticia. López, a sus 52
años, se iba a convertir en uno de los ejecutivos más importantes de
Estados Unidos. Sin embargo, el ingeniero desapareció repentinamente de
General Morots dejándole una nota de su puño y letra al presidente, Jack
Smith. Un amigo de López se ocupó de entregársela en mano. En la carta,
el ejecutivo español dimitía por segunda vez en cinco días. “Puede
parecer un acto de cobardía” pero “es la acción más valiente de mi vida.
Jack, perdóname y trata de entenderlo. Lo siento”, escribió.
El presidente de General Motors quedó desconcertado. Faltaban
apenas dos horas para que se celebrara la rueda de prensa donde
anunciaría el ascenso de López de Arriortúa, pero el ingeniero había
huído. “Hoy me disponía a anunciar que Iñaki López seguía con General
Motors y asumiría nuevas responsabilidades. Desgraciadamente, hace muy
poco tiempo me ha enviado una carta en la que no acepta el cargo y dice
que se va. No sé cuáles son sus intenciones o dónde se encuentra en este
momento”, afirmaba Smith en una nota que se distribuyó a los periodistas
en la sede central de GM. [5]
López de Arriortúa reapareció en Alemania un día después, el 16
de marzo de 1993, donde fue nombrado director de compras y de
optimización de la producción en Volkswagen. El 22 de marzo, siete
colaboradores del ingeniero vasco (cinco de GM en Detroit y otros dos de
Opel en Alemania) le siguieron a Volkswagen.
Desde ese momento se inició una carrera judicial que se prolongó
asta el año 2001. Opel presentó una denuncia contra “Superlópez” en la
fiscalía de Darmstadt (Alemania) bajo la acusación de “espionaje
industrial”. Diversos registros en su despacho, su residencia y las
viviendas de sus colaboradores concluyeron con la intervención judicial
de cajas de documentos que podrían probar algunas acusaciones contra el
ingeniero. Apoyados por Opel, algunos medios de comunicación alemanes,
como la revista Der Spiegel, inciaron una batalla contra López de
Arriortúa que también terminó en los tribunales. Por su parte, Opel y
Volkswagen empezaron a inercambiarse comunicados en la prensa acusándose
mutuamente de espionaje. [7]
Entre tanta incertidumbre, López de Arriortúa dedicó los tres
años siguientes a aplicar sus planes de gestión en Volkswagen. Pese al
complicado panorama judicial que se abría ante sí, a su puerta llamaro
otras empresas, industrias y consorcios para tratar de contratarle. Pero
el ejecutivo tenía la promesa de Ferdinand Piëch para instalar la planta
automovilístoca en Amorebieta y se mantuvo fiel a Wolkswagen, cuyos
abogados iban de juzgado en juzgado, resolviendo causas abiertas contra
él y su empresa. Sin embargo, en 1996 cambiaron las tornas cuando el
Gran Jurado del Tribunal Federal de Detroit aceptó una demanda de
General Motors y Opel contra López y Volkswagen. El dominical alemán
Welt am Sonntag publicó un amplio reportaje donde afirmaba tener en su
poder una copia de la demanda por daños y perjuicios presentada el 7 de
marzo de 1996 ante los tribunales de Detroit. La querella ocupaba 99
páginas y en ella se acusaba a Ferdinand Piëch, a López y a sus
colaboradores, a quienes definía como “guerreros”, de violar al menos
diez leyes norteamericanas bajo los cargos de “sustracción y explotación
ilegales de derechos y secretos empresariales ajenos”, “acuerdos
conspirativos para actos lesivos” y “conspiración criminal”, entre
otros. Según el rotativo alemán, la demanda no era más que “un guión
listo para ser filmado”, porque no aportaba ninguna prueba para
sustentar la acusación.
La querella presentada en Detroit no preocupaba demasiado a
Volkswagen, pero el consorcio alemán temía que su admisión a trámite
contagiara a la fiscalía de Darmstadt, que ya llevaba casi tres años
instruyendo una causa contra López tras la denuncia presentada por Opel.
En enero de 1996, la fiscalía anunció que sus pesquisas habían terminado
y varios medios de comunicación alemanes insinuaban que en pocos meses
se presentaría un pliego de cargos contra el ingeniero español. En este
caso, decían, la causa sí contaría con pruebas contundentes Acosado ante
el rumor cada vez más insistente, López vio desvanecerse su sueño de la
“Planta X” y presentó su dimisión ante el consejo de vigilancia de
Volkswagen, que aceptó su renuncia el 29 de noviembre de 1996. [9]
El 11 de diciembre de 1996, apenas dos semanas después de la
dimisión de “Superlópez”, la fiscalía de Darmstadt presentó el pliego de
cargos. López de Arriortúa y sus colaboradores eran acusados de haer
preparado concienzudamente un plan de espionaje industrial y de haberlo
llevado a cabo sistemáticamente contra su antigua empresa, General
Motors, meses antes de dejarla, en 1993. Contaba con pruebas obtenidas
en los sucesivos registros llevados a cabo tanto en la casa como en el
despacho de “Superlópez”, así como en las viviendas de sus colaboradores
más directos. La fiscalía había tomado declaración a 196 testigos,
revisado 23.000 folios de actas y analizado el contenido de disquetes y
cintas confiscadas que llenaría 2,25 millones de páginas si se
imprimiesen. Ferdinand Piëch, presidente de Volkswagen, y su ya ex
colaborador, José Ignacio López de Arriortúa, sabían que el caso abierto
en Alemania estaba sobradamente documentado y posiblemente concluiría
con una sentencia condenatoria. [10]
Así pues, los abogados de Volkswagen iniciaron una negociación
con los de General Motors para tratar de llegar a un acuerdo
extrajudicial, que se logró el 9 de enero de 1997. Aquel día, las dos
grandes corporaciones industriales del automóvil firmaron un comunicado
conjunto donde se detallaban algunos pormenores del acuerdo. Volkswagen se
comprometió a abonar a GM cien millones de dólares y a comprar
componentes a la GM estadounidense por un valor no inferior a los 1.000
millones de dólares durante un período de siete años. Fuentes
empresariales decían entonces que si General Motors hubiera ganado uno
de los dos procesos abiertos contra Volkswagen, la indemnización podría
haber alcanzado los 7.000 millones de dólares, lo que llevaría a la
quiebra al gigante alemán, de modo que el acuerdo era beneficioso para
ambas partes. Pero tanto el Departamento de Justicia norteamericano como
la fiscalía de Darmstadt, en Alemania, dijeron que el pacto entre las
empresas no ponía fin a los procesos judiciales. [11]
Sin embargo, General Motors anunció inmediatamente la retirada de
la demanda contra Volkswagen admitida a trámite en Detroit. Por el lado
norteamericano, el caso parecía quedar cerrado, aunque no tardaría en
volver a abrirse. En febrero de 1997, nuevamente la revista alemana Der
Spiegel publicaba otro reportaje donde se acusaba a los colaboradores de
López de Arriortúa de integrar una red de cobro de comisiones ilegales a
los proveedores de General Motors y de Volkswagen. El Departamento de
Justicia norteamericano inició una investigación a propósito de tales
acusaciones, pero finalmente no se pudo probar que López de Arriortúa y sus
colaboradores se hubieran aprovechado de su posición para cobrar
sobornos. [12]
Tras abandonar Volkswagen, López de Arriortúa volvió a España,
donde fijó su residencia en el País Vasco. A través de una nueva
empresa, la consultora López de Arriortúa y Asociados, S.A., el
ingeniero pasó a ser asesor de industrias y administraciones públicas.
La vida parecía volver a la normalidad, aunque el proceso judicial
abierto en Darmstadt seguía adelante y el ingeniero tendría que sentarse
ante un tribunal en breve. Sin embargo, el 8 de enero de 1998 sufrió un
grave accidente automovilístico. El coche en el que viajaba por la
Nacional I chocó contra un camión a la altura del término municipal de
Cogollos (Burgos). El industrial fue ingresado en el hospital General
Yagüe de Burgos en estado “muy grave”. Su recuperación fue lenta y
penosa. Estuvo tres meses en coma y finalmente quedó incapacitado “para
cualquier actividad laboral”, según informes médicos posteriores. [13]
El 27 de julio de 1998, con López de Arriortúa aún
convaleciente, la fiscalía de Darmstadt anunciaba el sobreseimiento del
proceso contra él y tres de sus colaboradores tras alcanzar un acuerdo
con los abogados del industrial. El juzgado consideró que, tras el
accidente de “Superlópez”, el proceso tendría numerosas dificultades
jurídicas, su duración sería muy larga y el propio López podía
retrasarlo a causa de su delicado estado de salud. El pacto obligaba al
ingeniero a pagar una multa de 400.000 marcos alemanes (235.000
dólares). [14]
Pero su largo peregrinaje por los juzgados no iba a terminar
ahí. Aunque General Motors había retirado la demanda, el Gobierno de
Estados Unidos intentó resucitar el caso de espionaje industrial
admitido a trámite en Detroit. El 23 de mayo de 2000, el Departamento de
Justicia anunció la presentación de seis cargos contra el industrial
español por los que podría enfrentarse a cinco años de cárcel y a una
multa de hasta 60.000 dólares. Su abogado en Norteamérica dijo que “el
señor López niega haber violado las leyes estadounidenses”. El Gobierno
norteamericano alegaba tener pruebas para demostrar que “Superlópez” y
sus colaboradores se habían llevado documentos secretos de General
Motors para utilizarlos en Volkswagen, aunque cuando GM y Opel pidieron
la devolución del material, López y otros “destruyeron muchos de los
documentos que había robado”. El Departamento de Justicia también
anunció que pediría la extradición de “Superlópez”, pero su abogado ya
adelantó que, tras el accidente de tráfico, el empresario estaba bajo
tratamiento y los médicos “encuentran que ha sufrido significativas
pérdidas de memoria y daños cerebrales.”
El Gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente la
extradición a España en junio de 2000. La Audiencia Nacional instruyó el
caso y los trámites se prolongaron durante un año. El 21 de mayo de
2001, López de Arriortúa acudió a la Audiencia para testificar, donde
dijo en su defensa que “soy español, no confío en la justicia
norteamericana y las acusaciones son falsas”. Durante su declaración, el
magistrado de la sala le vio muy nervioso y le preguntó si necesitaba
algo para sentirse más cómodo. “Superlópez” le pidió que le pusiera “un
cafetito, por favor”. Fingiera o no sobre su estado de salud mental, lo
cierto es que la Audiencia Nacional denegó su extradición el 19 de junio
de 2001. Según su abogado en España, Manuel Ollé, “Superlópez” dijo que
nunca había estado más orgulloso de su país, de la Justicia y de los
jueces españoles. Para el letrado, la demanda de extradición estaba
“absolutamente infundada”, era un “fraude de ley” y el procedimiento
“estaría condenado al fracaso, ya que los hechos que se le imputan no
serían constitutivos de delito en España, además de estar prescritos”.
Por último, Manuel Ollé enunció una pregunta retórica: “¿Qué delito es
hablar por telétono o por vía telegráfica?, que es de lo que acusan a mi
cliente”. [16]
En efecto, cuatro de los seis cargos del Departamento de
Justicia de Estados Unidos contra López se enunciaban de este modo:
“Fraude mediante el uso de comunicaciones por cable o electrónicas”,
según se puede leer en la “Pieza de Convicción C” del pliego presentado
por el Gobierno estadounidense ante la Audiencia Nacional española. En
dicho documento, al que tuvimos acceso durante nuestra investigación, la
agente Pamela A. Matson, del FBI, presente una declaración jurada donde
reconoce tener pruebas contra López de Arriortúa, aunque en ningún
momento explica cómo se obtuvieron algunas de ellas, ya que menciona
cuatro “registros telefónicos” que parecen ser, en realidad, producto de
la interceptación de las comunicaciones. Matson, que dirigió la
investigación contra “Superlópez” desde la oficina del FBI en Detroit,
afirma: “En el curso de esta intestigación he entrevistado e interrogado
a numerosos individuos [...] que poseen información sobre las
actividades delictivas del señor López. Asimismo, he examinado registros
telefónicos, comerciales, de bandos y hoteles que corroboran la
información proporcionada por dichos testigos”. [17]
A propósito de los “registros telefónicos”, la agente del FBI
menciona cuatro: una llamada telefónica, un transmisión electrónica de
datos y dos transmisiones por fax. Pero todos estos registros se
produjeron antes de que López fuera demandado ante los tribunales, por
eso cabría preguntarse cómo es posible que el FBI tuviera acceso a los
mismos. Incluso también podríamos preguntarnos si las comunicaciones de
López de Arriortúa estaban intervenidas bajo una orden judicial o si,
por el contrario, el ingeniero era uno de tantos objetivos del espionaje
masivo de las comunicaciones llevado a cabo por Estados Unidos. La
respuesta, por lo que se deduce de las explicaciones de la agente
Matson, parece ser más bien la segunda, porque las cuatro comunicaciones
que le sirven como prueba fueron conexiones internacionales, de lo que
cabe suspechar que la NSA intervino las comunicaciones de “Superlópez”
mientras era un directivo de General Motors, antes de que cometiera
ningún presunto delito y sólo bajo la sospecha de que sus comunicaciones
estuvieran intervenidas por simple rutina, como hace habitualmente la
NSA.
Según la agente Matson, de los cuatro registros que menciona, la
llamada telefónica se produjo el 18 de diciembre de 1992, cuando López
de Arriortúa solicitó a un empleado de la fábrica de Opel en
Russelsheim, Alemania, que le enviara listas impresas de una base de
datos confidencial conocida por el nombre de EPOS. Según la declaración
jurada de Pamela A. Matson, “estas listas contenían información
confidencial sobre compras, incluidos los precios pagados por Opel a los
proveedores de piezas europeos. Esta información -añade la agente del
FBI- sería muy valiosa para los competidores de GM-Opel en el mercado
europeo. El señor López pidió específicamente que los datos del sistema
EPOS se clasificaran según el nombre del proveedor, o sea, un formato
que no se había utilizado anteriormente en la GM-Opel”, concluye. Con
respecto a la llamada telefónica en sí, Pamela A. Matson subraya que fue
una comunicacion internacional “desde Warren, Michigan, a Russelsheim,
Alemania”.
A continuación la agente se refiere al segundo registro
telefónico y detalla que, “el 19 de diciembre de 1992 [...], con el fin
de producir las listas impresas en Estados Unidos, la GM-Opel tuvo que
enviar una gran cantidad de información por medio de comunicaciones por
cable o electrónicas desde Russelsheim, Alemania, a Troy, Michigan. La
transmisión de la serie de datos de EPOS y la impresión de las listas
[...] costó a la GM-Opel 17.500 dólares, aproximadamente”. Más adelante,
Pamela A. Matson explica que en febrero de 1993, López de Arriortúa
pidió a un empleado de GM-Opel que recopilara nuevos documentos con
información confidencial sobre los “costos incurridos por GM-Opel en
fabricar sus coches. Esta información fue utilizada para comparar los
costos de GM-Opel con los costos estimados incurridos por sus
competidores en fabricar coches equivalente”, dice. “Este material (…)
fue recopilado por uno de los subordinados del señor López de varios
lugares de Europa y Estados Unidos -asegura- por orden del señor López.”
La agente del FBI detalla también que, “como parte de este esfuerzo de
recopilación, el cómplice del señor López envió una carta por fax desde
Michigan a Russelsheim, Alemania, en la fecha del 23 de febrero de
1993″. Éste es el tercer registro telefónico al que se refiere Matson en
su declaración jurada.
Las tres comunicaciones aportadas hasta ahora como pruebas
contra “Superlópez” se produjeron antes incluso de que el ingeniero
firmara su contrato con Volkswagen, mientras que el cuarto registro
telefónico se produjo después, el 15 de abril de 1993. Se trata de un
fax remitido por “Superlópez” desde Wolfsburg, Alemania, a la sede
central de General Motors, en Detroit. La agente Matson dice que, tras
la marcha de “Superlópez” y de algunos de sus colaboradores más
cercanos, empleados de General Motors registraron sus oficinas y no
pudieron localizar documentos confidenciales que la compañía
estadounidense valora en “más de un millón de dólares”. “A la vista de
estos hechos -explica la agente-, GM-Opel entregó o envió cartas al
señor López y a otros ex directivos recordándoles su obligación
fiduciaria de mantener confidencial toda la información [...] que habían
obtenido durante su empleo [...] y pidiéndoles que devolvieran todos los
documentos e información de propiedad de GM-Opel que tenían en su
posesión. En cartas enviadas por fax a GM en Detroit desde Alemania
- añade-, el señor López negó que él hubiera tomado documentos
de GM-Opel. Éstas cartas eran falsas y engañosas, ya que el señor López y
sus cómplices se habían llevado con ellos a Volkswagen un gran número de
documentos”, concluye.
Algunos de estos “registros telefónicos”, como los llama el FBI,
pudieron recibirlos de manos de la propia empresa denunciante, como el
fax enviado por un colaborador de Arriortúa a Alemania, o la respuesta
de “Superlópez” a General Motors afirmando que no se había llevado
documentos confidenciales. Pero en cuanto a la transmisión de datos
electrónicos entre Alemania y Estados Unidos, ya no estaría tan claro si
General Motors pudo tener acceso a su contenido, salvo que espiara a
López de Arriortúa o que revisara su ordenador una vez que el industrial
se marchó a Alemania. No obstante, parece obvio que un hombre tan
inteligente como “Superlópez” no iba a dejar en la bandeja del correo
entrante de su ordenador una prueba de tanto peso en su contra. En
cuanto a la primera llamada telefónica mencionada por la agente Matson,
no cabe duda de que dicha prueba se obtuvo por medio del espionaje,
salvo que el FBI interrogara al empleado de Opel que habló con Arriortúa
y lo dedujese de su testimonio. Pero en cualquier caso, todas estas
pruebas mencionadas por Pamela A. Matson en su declaración, son
comunicaciones que se produjeron antes de que General Motors denunciara
a López de Arriortúa y, por tanto, no sirven para sustentar la acusación
porque son ilegales, al menos en España.
No obstante, para la materia que aquí nos ocupa, la declaración
jurada de una agente del FBI es una confirmación oficial de que las
autoridades estadounidenses se sirven del espionaje ecnológido exterior
para ayudar a sus empresas. La misma certeza es compartida por el
investigador Erich Schmidt-Eenboom, capitán en la reserva del Ejército
Federal alemán y especialista en temas de inteligencia militar, además
de autor de varios libros de referencia sobre el espionaje tecnológico.
Según este investigador, “Echelon” intervino una videoconferencia
mentenida a principios de 1993 entre Ferdinand Piëch, presidente de
Volkswagen, y José Ignacio López de Arriortúa, en aquellas fechas
todavía vicepresidente y director de compras de General Motors. La
intervención se hizo desde la base “Echelon” de Bad Aibling, en
Alemania. Schmidt-Eenboom desveló este hecho en el programa Frontal, de
la cadena de televisión ZDF. Al parecer, según las fuentes consultadas
por este investigador, el vídeo fue entregado por la NSA a las
autoridades norteamericanas, que a su vez se lo dieron a GM como prueba
de que López se había comprometido con Piëch a entregarle secretos
industriales. Al parecer, el vídeo acabó en manos de Opel, que a su vez
se lo pudo entregar a la fiscalía de Darmstadt sin explicar cuál era su
origen. La fiscalía tampoco pudo usar la grabación como prueba, pero le
sirvió para admitir la denuncia presentada por Opel e iniciar una
investigación teniendo mucho más claro lo que había que buscar cuando se
registraran la casa el despacho de “Superlópez”. Según Erich
Schmidt-Eenboom, la fiscalía tenía “informaciones muy detalladas” para
la instrucción del caso. [18]
Los datos aportados por la cadena de televisión ZDF, así como
otros reportajes publicados en medios alemanes, llevaron al eurodiputado
Gerhard Schmid a escribir en el informe definitivo de la Comisión
Echelon que el objetivo de la NSA al entregar las supuestas escuchas a
General Motors era la “protección de los secretos de empresa [...] que
López deseaba facilitar a WV (listas de precios, planes secretos sobre
una nueva fábrica de coches y nuevos utilitarios)”. Según el Parlamento
Europeo, “López es descubierto y el procedimiento judicial se detiene
[...] mediante el pago de multas”. [19]
La mención, que es apenas un apunte en el informe de la Comisión
Echelon, sirve sin embargo para aclarar cómo los abogados de GM y VW
pudieron llegar a un acuerdo extrajudicial tan rápido, pues apenas
estuvieron negociando un mes, concretamente entre diciembre de 1996 y
enero de 1997. Para General Motors hubiera sido mejor obtener una
cuantiosa indemnización tras ganar el proceso judicial, ya que, al
margen de vídeo, en la fiscalía de Darmstadt había pruebas más que
suficientes en contra de Arriortúa y de Volkswagen. En cambio, más bien
parece que VW supiera de la existencia de las escuchas prácticamente
desde la apertura del caso. De hecho, si la grabación era filtrada a
algún medio de comunicación, las carreras de “Superlópez” y de Ferdinand
Piëch, así como el futuro de Volkswagen, quedarían en entredicho para
siempre. Pero la difusión de la grabación de la videoconferencia también
podría perjudicar a General Motors, porque posiblemente los abogados de
Volkswagen acusarían entonces a la empresa norteamericana de haberle
facilitado el vídeo a la fiscalía de Dramstadt y su instrucción se
anularía automáticamente. Así pues, la mejor salida par ambos consorcios
era el acuerdo extrajudicial al que llegaron en enero de 1997.
Pero el “caso López” también parece crucial para entencer el
apoyo del Gobierno alemán a la puesta en marcha de la comisión de
investigación sobre “Echelon” en el Parlamento Europeo. Uno de los
miembros del consejo de vigilancia de Volkswagen que aceptó la dimisión
de Arriortúa a finales de 1996 era el entonces primer ministro de Baja
Sajonia, Gerhard Schröder, quien se convertiróa en canciller alemán en
1998 y fue reelegido en 2002. Se desconoce si el político suop de la
existencia del vídeo cuando aún no era canciller, pero aunque se hubiera
enterado más tarde, es fácil que albergara un cierto resentimiento ante
el espionaje tecnológico llevado a cabo por Estados Unidos, sobre todo
por los apuros que pasó Volkswagen. No en vano, la marca automovilística
es el bastón económico de Baja Sajonia, la región que entonces presidía
Schröder. De hecho, su beligerante actitud contra “Echelon” no fue vista
con buenos ojos en Washington. Además, cuando se hizo público el informe
definitivo de la comisión del Parlamento Europeo, donde se afirmaba que
“Echelon” es una herramienta “intolerable” si se usa “para conseguir
ventajas competitivas”, el documento llevaba la firma de otro alemán,
Gerhard Schmid, miembro del partido socialdemócrata de Schröder.
Como respuesta, la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana
anunció por sorpresa el cierre de la base “ECHELON” de Bad Aibling, en
Alemania. La breve nota, publicada en su página de Internet el 3 de
junio de 2001, decía que se devolvería el predio a las autoridades
alemanas en 2003. Sin embargo, tras los atentados del 11 de septiembre
de 2001, parece que el Gobierno estadounidense se echó atrás y decidió
mantener abierta la estación de escuchas, que sigue funcionando en la
actualidad.
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